Bustinduy quiere que se pueda usar la lengua cooficial en reclamaciones a empresas en comunidades bilingües
Junts insiste en que se tendrá que aplicar en toda España
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha dicho este miércoles que el acuerdo que Junts anunció el martes para obligar a grandes empresas a tener servicios de atención al cliente en lenguas cooficiales sigue en negociaciones y que la intención del Gobierno es que las compañías garanticen la atención de reclamaciones en catalán, gallego o euskera allí donde estas lenguas tienen reconocida la oficialidad, aunque la empresa ofrezca sus servicios en el conjunto del Estado.
El partido de Miriam Nogueras anunció el martes un acuerdo con el Gobierno para que los servicios de atención al cliente de empresas de más de 250 trabajadores, 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general tengan que ofrecer la posibilidad de hablar en catalán a los consumidores, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma.
La medida se incluiría vía enmienda en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso. Precisamente se había convocado para el martes la ponencia de esta ley, pero fue desconvocada y está pendiente la nueva fecha para empezar a analizar las 234 enmiendas registradas por los grupos parlamentarios.
Los medios de comunicación han preguntado al ministro este miércoles en el Congreso por este asunto y Bustinduy ha respondido que la ley está todavía negociándose con los grupos parlamentarios. Asimismo, ha comentado que su voluntad es "poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales".
LOS MISMOS DERECHOS QUE UN INGLÉS O UN FRANCÉS
Sobre esta cuestión también han interpelado a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, y, a la pregunta de si un cliente contrata un servicio con una gran empresa en Murcia han de ser atendidos en catalán si así lo desea, la portavoz de Junts ha respondido: "Los catalanes hemos de tener los mismos derechos lingüísticos que un castellano, un francés o un inglés y, por tanto, sí, será en toda España".
El ministro ha incidido en que su intención es garantizar el derecho a usar la lengua cooficial allá donde sea reconocida, aunque la empresa ofrezca sus servicios en el conjunto del Estado. En este contexto, ha subrayado que la medida afectará sólo a grandes empresas y no a pequeños comercios como "una ferretería".
Una de las enmiendas presentadas por Junts a este proyecto afecta a la exposición de motivos y en ella los independentistas abogan por dejar claro que las empresas tendrán que contestar a las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias "en la misma lengua en la que se realizaron estas".
La redacción original del proyecto de ley, que según Junts se ha modificado en favor de sus tesis, contempla que se responda a las consultas en la misma lengua en la que "se realizó el contrato o la oferta comercial" y "al menos, en castellano a solicitud de la persona consumidora o usuaria".